Comentarios al Documento del CELS, de agosto 2009: “Contenidos mínimos necesarios desde una perspectiva de derechos humanos para avanzar en la formulación de una Ley Nacional de Salud Mental y otras regulaciones vinculadas con el acceso a la Justicia”

Vicente Galli

Resumen


El documento que el CELS pone a disposición de quienes se interesan
o deberían interesarse por el tema, se ubica en el contexto de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su
“Protocolo Facultativo”, ratificados por el Estado Argentino en mayo del
2008. Esa referencia, más el interés previo del CELS por los derechos
de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental –que, entre
otras muestras, originó la investigación “Vidas arrasadas: la segregación
de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Un informe sobre
Derechos Humanos y Salud Mental”– dan sólido sustento a la propuesta
de los “contenidos mínimos necesarios” que a criterio de ellos deberían
guiar las legislaciones nacionales que regulen el derecho a la salud
mental, las cualidades de los sistemas que deben ocuparse de atenderla
y preservarla, tanto como del acceso a la justicia de los usuarios que
utilizan o deberían disponer de los sistemas adecuados. Todo eso, en
coincidencia con los marcos internacionales de derechos humanos y
salud mental. Consideran que es la oportunidad para promover la implementación del paradigma que organiza los contenidos de la Convención ratificada por Argentina en el 2008, lo que implica comprender que se está hablando de derechos que ahora pueden ser exigidos.
El documento cumple satisfactoriamente con el objetivo que se plantea
de enumerar y fundamentar los “contenidos mínimos necesarios” en el
“modelo social” de la discapacidad y en la lucha de las personas para autoafirmarse como ciudadanos de dignidad y valor como los demás;
en la enumeración de los principios fundamentales que deben articularse
en una Ley Nacional de Salud Mental y en las reformas legislativas
–que necesariamente incluyen modificaciones en leyes civiles y penales
vigentes–; en la descripción de los actores que deben ocupar lugares en
la discusión de las legislaciones posible y en la planificación y ejecución
de los servicios necesarios. En ese desarrollo subrayan congruentemente
la necesidad de participación de los propios usuarios de los sistemas
en los escenarios de discusión y decisión.
La subdivisión de los contenidos mínimos en ocho subcapítulos facilita
la comprensión de los componentes de propuesta global y de los matices
de las recomendaciones que se desprenden de cada uno de ellos.
Es una monumental y lograda síntesis por su secuencia y en sus articulaciones; que deben ser leídas con cuidadoso detalle para ser comprendidas en la profundidad y complejidad que despliegan.

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